Cuando creemos que ninguna tontería puede sobrepasar el impuesto a la tecnología en el país trasandino, el intento de cobrar por la reproducción de un ringtone o un impuesto a la internet,  siempre hay algún grupo de gente dispuesto a sorprendernos con situaciones contrarias al sentido común. El problema, sin embargo, ha alcanzado un punto muchísimo más grave en esta ocasión, pues no se trata sólo de demandas presentadas por agrupaciones que defienden sus intereses particulares más allá de lo razonable, sino que de una decisión judicial proveniente del más alto tribunal de un país de vanguardia.

Si les dijéramos que el Tribunal Supremo Alemán condenó a una mujer por la descarga ilegal de canciones (véase “baje la última canción de Américo vía torrent, en tu cara Ricky”), no parecería tan insensata la situación, más allá de que muchos podemos ser potenciales culpables de una acusación de ese tipo.  Pero, si la pobre mujer estaba de vacaciones y alguien usó su red para cometer el ilícito, las cosas ya se vuelven un poco menos claras, situación que empeora si es que se trató de un intruso y no de un invitado.

He aquí la historia: ella se va de vacaciones y a la vuelta se encuentra con una demanda por descarga ilegal de canciones, ante lo cual se defiende diciendo que alguien utilizó su red sin permiso para hacerlo. No obstante, se le condena por la omisión de “no proteger adecuadamente su red para impedir el acceso de terceros”, pues había dejado la clave que por defecto utiliza el proveedor de internet. Es decir, se le sanciona por no establecer una clave personalizada, señalando que la asignada por nuestro ISP no basta como margen mínimo para proteger la conexión. El usuario tiene, entonces, la obligación de velar que el acceso a la red de Wi-Fi quede restringido sólo a personas que él autorice, estableciendo una clave distinta a la que su proveedor le haya asignado. De más está decir que en Chile los ISP establecen – en la mayoría de las ocasiones – claves sin consultarnos e, incluso, los instaladores de las compañías tienen PROHIBIDO generar alguna decidida por el usuario. Para otro día dejamos el hecho de que eligen el vulnerable y obsoleto cifrado WEP en vez del más seguro WPA.

Volviendo a la sentencia alemana, la idea matriz tras ella parece haber sido recogida anteriormente en Francia, donde la polémica Ley Hadopi 2 hace responsable del tráfico de una conexión a internet a quien la contrató, incluso si terceros inescrupulosos hacen mal uso de ella. En el país galo, la Ley Hadopi 1 ya fue rechazada una vez por el Consejo Constitucional Francés – el Tribunal Constitucional de ese país – y su 2da versión se encuentra en entredicho, pues rompe con la presunción de inocencia, libertad de expresión, derecho a la privacidad (todo nuestro tráfico es revisado constantemente) y otros Derechos Fundamentales.

Las consecuencias de esta doctrina pueden ser numerosas y, a la vez, nefastas, sobre todo si la ideas de fondo se propagan por Europa, pues inevitablemente terminarían siendo recogida en nuestra legislación. Sólo a modo de ejemplo, algunas consecuencias podrían ser:

1.- Entorpecimiento del acceso a la red de personas de bajos recursos, pues quién se encuentre a cargo de una red no se arriesgará a una sanción por actos que puedan cometer terceros, así que cerrara el acceso, con la consiguiente inequidad social derivada

2.- No queda clara la situación de “áreas iluminadas” sin clave en ciudades, líneas de metro, hoteles, restaurantes, etc. o el caso de lugares con claves de conocimiento casi público como una cafetería o, nuevamente algún otro hotel que entregue la clave a sus clientes; lo mismo para un cibercafé, entre tantas otras dudas.

Quizá la consecuencia más oscura sea la primera señalada, pues existen actualmente diversos movimientos e iniciativas en que los usuarios dejan al menos un porcentaje de su conexión para acceso público, permitiendo que mucha gente que no cuenta con los medios para pagar a un ISP tenga alguna forma de entrar al mundo de la internet, cuestión bastante práctica en países que no son como Finlandia.

¿Qué opinas de lo resuelto por el Tribunal Supremo Alemán?