En Latinoamérica, al parecer, cualquier tontería es posible, así de simple. De una u otra manera, se sostienen discursos que no aprueban los estándares menos exigentes del sentido común y que, llevados a los hechos, resultan aún peor. Lastimosamente, nuestros vecinos están entre los campeones del mundo de las ideas contraproducentes, la última de las cuales se plasma en una ley que impone un impuesto a los productos tecnológicos fabricados en cualquier lugar distinto a Tierra del Fuego.

Cruzando la cordillera, la idea del gobierno de la Sra. K es que con esta medida, que elimina la exención de impuestos internos (26%) y duplica el IVA (de 10,5 a 21%)  a los productos tecnológicos no fabricados o armados en Tierra del Fuego, se conseguirá revivir la industria argentina. Como gran concesión, se logró que los nuevos gravámenes no afecten a los computadores, sean de escritorio o portátiles.

A primera vista, no cuesta darse cuenta de que es una política de sustitución de importaciones, como la existente en Chile desde la década de 1940 hasta principio de los 70, con la creación de la CORFO, es decir ¡una idea moderna y novedosa!

¿Cuál es la excusa para esto? Según el oficialismo trasandino, además de revivir la industria de la tecnología, se crearían alrededor de 2 mil empleos y existiría una inversión de más de 350 millones de dólares en el país, contra los 1500 que se gastaron importando estos productos el año recién pasado. Una medida bastante fácil de vender a la gente mediante maniobras populistas: empleo e inversión para los argentinos.

¿Qué es lo negativo? Para los argentinos, todo. Se achica el mercado, con menor disponibilidad se encarecen los productos entre un 20 y un 35%, aumenta la brecha digital entre sectores altos y bajos así como con el resto de los países, aparece el anacrónico mercado negro. Eso sin contar la inexistencia de algunos equivalentes para ciertos productos extranjeros y la incapacidad técnica de producirlos.

Mientras el resto de los países se esfuerza por llevar las ventajas de la tecnología a todos los sectores de la sociedad, en Argentina se castiga y desincentiva el acceso mediante impuestos, ubicando a estos aparatos como bienes suntuarios. Basta, a modo de ejemplo, comparar la capacidad productiva de China con 1500 millones de habitantes o India con 1100 con la de Argentina, que cuenta con 40 millones: no hay que ser economista para comprender que no existirá la posibilidad de que se generen economías de escala.

Al parecer, la medida pretende ser populista y, a la vez, recaudar dinero para las alicaídas arcas del Estado vecino, porque si el objetivo real del gobierno argentino es incentivar la industria local ubicada en Tierra del Fuego, resulta una vía mucho más sensata establecer exenciones y beneficios fiscales, haciendo del lugar una tentadora opción para que se instalen empresas argentinas y extranjeras. De ese modo, se logra desarrollar infraestructura inexistente en el vecino país, generando empleo; al tiempo que se evita castigar el precio de los productos importados y, por tanto, la posibilidad de acceder a estos por parte de la mayoría de la población, cuestión no menor en un país que contaba, antes de esta ley, con algunos de los precios más elevados de la región en materias tecnológicas.

Afortunadamente, esa tendencia aún no cruza la cordillera, aunque hace no mucho tiempo la SCD pretendía establecer un canon para cualquier producto que sirviera para almacenar o grabar información – como en España – pues “existía la posibilidad de que fuera utilizado para violar derechos de autor”. A estar atentos.